Bloque 6 - Retorno a la democracia
7. El gobierno de Menem, la economía y la continuidad de la impunidad
Carlos Menem había realizado su campaña proselitista con un discurso fuertemente opositor a los ajustes y a los planes del gobierno radical de privatizar algunas empresas públicas. Prometía en ella que iba a realizar una “revolución productiva” y un “salariazo”, y de este modo obtuvo un gran respaldo popular y ganó las elecciones. Una vez en el gobierno, sin embargo, modificó por completo las alianzas que históricamente había tenido el peronismo y la orientación de sus políticas. Se alineó con los grupos económicos más poderosos, al punto que encargó el ministerio de Economía a hombres del grupo empresario más poderoso de entonces, Bunge y Born. Respaldado por estos grupos económicos concentrados aplicó el conjunto de ideas neoliberales que exigían los organismos internacionales pero que iban en dirección opuesta a las promesas de campaña y a la tradición histórica peronista.
Los dos primeros años de gobierno no fueron buenos:
- la inflación llegó a ser del 2.300% en 1990 y
- los salarios se redujeron un 20% más.
Con la llegada de un ex funcionario de la dictadura militar, Domingo Cavallo, al Ministerio de Economía el gobierno dio un giro decisivo en su política económica. Se sancionó la Ley de Convertibilidad que estableció una paridad fija de la moneda argentina con el dólar estadounidense y austral fue reemplazado por el peso. La inflación, que ya había sido reducida al 84% en 1991, bajó al 3,9% en 1994.
La aplicación del nuevo programa significó una reforma estructural de la economía y el Estado. Ante todo, el gobierno decidió reducir el Estado y para ello llevó adelante la privatización de las empresas públicas: así, a fines de 1990, habían sido vendidas al sector privado las empresas nacionales:
- teléfonos y Aerolíneas Argentinas;
- más tarde le siguieron los Ferrocarriles,
- la petrolera YPF,
- los canales de televisión,
- los servicios de provisión de agua, luz y gas,
- el mantenimiento de las rutas,
- las empresas siderúrgicas y petroquímicas, entre otras.
El Estado dejó de ejercer aquellas funciones empresarias que había venido acrecentando desde 1930 y, en especial, durante los gobiernos de Perón. Con ello, cobraron mayor fuerza aún los grandes grupos económicos asociados con los bancos extranjeros que así se cobraron parte de la deuda externa. También reformó el sistema de jubilaciones que hasta entonces estaba en manos del Estado y permitió la aparición de administradoras privadas en el sistema previsional. Otra consecuencia de las políticas privatizadoras fue que provocaron el despido de miles de trabajadores de las empresas privatizadas y de miles de trabajadores del Estado, víctimas de las políticas de reducción del gasto público.
Las políticas de liberalización comercial, reducción de derechos arancelarios y libre flujo de capital financiero promovieron la inserción argentina en la economía mundial. De este modo, la industria local dejó de tener protección frente a las importaciones y, en gran parte, no pudo afrontar la competencia.
En este contexto las políticas neoliberales en materia de acción social del Estado impusieron su rumbo, a partir de la idea de que la provisión estatal de servicios educativos o de salud era ineficiente y costosa. Las críticas se extendían a la legislación laboral que protegía a los trabajadores como las indemnizaciones por despido, la regulación de la jornada laboral, la fijación de salarios mínimos por el Estado y otras medidas. Por otro lado, la existencia de sindicatos con capacidad de presión y las negociaciones colectivas de las condiciones de trabajo también estaban en la mira de esta corriente. Es decir, se proponía anular las funciones del Estado para asegurar el bienestar social y la existencia de un marco legal de protección a los trabajadores.
Los y las invitamos a ver el siguiente video: Capítulo 23. La economía neoliberal
Un aire renovado de justicia comenzó a percibirse a fines de los ‘90. El avance y la consolidación de los juicios por la verdad y la apertura de causas en Europa. Se dieron las primeras detenciones en nuestro país por crímenes relacionados a la apropiación de niños y niñas, expresamente excluidos de la impunidad que brindaron las leyes de punto final y de obediencia debida.
Sin embargo, hubo que esperar hasta el dictado de su nulidad en 2003 y a la declaración de inconstitucionalidad en 2005 por la Corte Suprema para acabar con el efecto de las leyes de la impunidad a través de la reapertura de las causas ya iniciadas y nuevas causas que se juzgaron a partir del año 2006.