Bloque 6 - Retorno a la democracia

1. Introducción

En este Bloque vamos a estudiar las elecciones de 1983 y los primeros años de la transición de democrática haciendo foco en las tensiones que supuso la apertura democrática especialmente en relación a cómo procesar el pasado dictatorial y hacer justicia en relación a las violaciones masivas a los derechos humanos.

Al mismo tiempo el desafío de la democracia también era recomponer las instituciones y la economía. La década del ‘80 estuvo marcada por el problema de la transición a la democracia en los países del cono sur de América Latina: en 1985 Uruguay dejó atrás 12 años de dictadura y Brasil, 21 años de dictadura militar. Hacia finales de la  misma década, en 1989 Paraguay vio finalizar la antigua dictadura del general Stroessner y en 1990 culminaron los 17 años de la dictadura de Pinochet en Chile.

Asimismo nos adentraremos en los año noventa y el modelo económico neoliberal mediante con la ley de convertibilidad y la llamada "restructuración del Estado" y las políticas de impunidad que se reforzaron en estos años en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

2. Las elecciones de 1983

Los partidos políticos llegaron a las elecciones de octubre de 1983 luego de vivir experiencias políticas muy diferentes. El peronismo con la fórmula Italo Luder y Deolindo Bittel expresaba una escasa renovación del peronismo y en la campaña no demostró una clara actitud frente al tema de los derechos humanos pese a que del peronismo provenían gran parte de las víctimas de la represión ilegal.

En contraste, el radicalismo aparecía renovado y con un líder indiscutido: Raúl Alfonsín, que había sido un firme opositor interno a Balbín y llegaba a la conducción del partido con un gran apoyo de los sectores juveniles cuyo número se acrecentó notablemente durante la campaña electoral. Alfonsín gozaba de un gran prestigio social por su postura contraria a la guerra de Malvinas y para muchos aparecía como el hombre capaz de conducir una transición pacífica y ordenada basada en el respeto a las normas constitucionales. El panorama se completaba con el Partido Intransigente, liderado por Oscar Alende (un antiguo dirigente de la UCRI) el cual recibió el apoyo de sectores de centroizquierda, sobre todo juveniles y por la Unión de Centro Democrático, un partido de centroderecha/derecha organizado tras la figura de Álvaro Alsogaray, antiguo funcionario en los sectores económico y diplomático de gobiernos militares -y, en menor medida, civiles)  desde 1955. 

En las elecciones del 30 de octubre de 1983, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Los resultados mostraban que el radicalismo había logrado sumar, a sus votos tradicionales, los de una parte significativa  de los nuevos votantes. Por su parte, la derrota electoral abrió una aguda crisis en el peronismo aunque seguía teniendo un peso decisivo en la vida política, dado que gobernaba varias provincias y disponía de la mayoría en el Senado además de mantener el control de buena parte de los sindicatos.

El 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumía la presidencia en un extendido sentimiento de rechazo a los militares.

3. Alfonsín presidente y el tema de los derechos humanos

El 10 de diciembre de 1983 el presidente argentino envió al Congreso de la Nación una serie de leyes vinculadas a la protección de los derechos humanos y propuso derogar la ley de autoamnistía. El 15 de diciembre Alfonsín dio a conocer dos trascendentes decretos. En el primero ordenaba la captura y el juzgamiento de los máximos líderes de las organizaciones guerrilleras y las acciones cometidas entre 1973 y 1983 concebidas como “fruto de intereses externos al país”. En el segundo disponía el juicio sumario por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) a los integrantes de las tres primeras juntas militares desde 1976, por haber diseñado y ejecutado un plan contra la actividad “subversiva” basado en métodos ilegales y también establecía que la sentencia resultante iba a ser apelable ante la Cámara Federal de la Capital Federal. 

Con estos decretos el gobierno ofrecía a la ciudadanía una lectura política del pasado, la cual establecía un esquema binario en el que la violencia de las organizaciones revolucionarias había precedido a la violencia estatal y a la vez, suponía una sociedad al margen, ajena y víctima de estas dos violencias. Esta mirada fue objeto de variadas críticas, en particular porque sedimentó lo que se conoce como la “teoría de los dos demonios”.

Fueron justamente los organismos de derechos humanos, las asociaciones de víctimas y un pequeño espectro partidario de izquierda cercano a ellas quienes se propusieron construir un discurso de denuncia del terrorismo de estado como algo cualitativamente diferente que superaba el esquema binario de la “teoría de los dos demonios”. 

La noción de Terrorismo de Estado y de violación a los derechos humanos refiere al ejercicio criminal del poder supremo del Estado, sin estar sometido a control alguno, mediante un sistema organizado y alentado desde sus estructuras para el logro de sus fines. La estrategia represiva del terrorismo de Estado en Argentina, estuvo orientada hacia el disciplinamiento de la sociedad e implicó el desarrollo de una estrategia clandestina de represión cuya característica más emblemática fue la desaparición masiva y sistemática de personas.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)

Para investigar lo sucedido durante la dictadura el Partido Intransigente impulsó la creación de una comisión en el ámbito del Congreso. Para ello lograron el apoyo del Partido Justicialista que, tras las elecciones, anunció la creación de comisiones similares en las provincias que gobernaban. Esta iniciativa comenzó a cosechar adhesiones entre los diputados radicales con lo cual Alfonsín intervino y acelera la concreción de la propuesta de una “comisión de notables” que terminaría en la creación de la CONADEP.

El Ejecutivo buscaba evitar la reedición de ‘viejos’ enfrentamientos y tampoco quería que el Congreso cambiara el objetivo de una justicia limitada en base a los distintos grados de responsabilidad que buscaba el gobierno.

Por su parte, los organismos de derechos humanos y la oposición, pusieron el foco en documentar, registrar, demostrar, esclarecer, hacer público lo que había sucedido en relación a las violaciones a los derechos humanos en este período.

Mediante decreto se estableció la creación de la CONADEP. Fue concebida entonces como un grupo de ciudadanos considerados notables e incuestionables desde el punto de vista de su conducta ética. Presidida por el escritor Ernesto Sábato,  debía encargarse de recibir denuncias y pruebas, averiguar sobre el destino o paradero de las personas desaparecidas y toda circunstancia sobre su localización, ubicar a los niños y niñas sustraídos de sus padres, así como denunciar todo intento de ocultamiento, destrucción o sustracción de pruebas. Los resultados del trabajo de la CONADEP debían entregarse a través de un informe a los 180 días y elevarse las denuncias a la Justicia.

En este enlace podrás conocer más acerca de la CONADEP te invitamos a leerlo.

4. El Juicio a las Juntas

El informe de la CONADEP sirvió de base al juicio que llevó ante la Cámara Federal de la Capital a los miembros de las juntas militares. Comenzó el 22 de abril de 1985 en un clima de tensión y expectativas: mientras una gran manifestación popular recorría las calles céntricas, se multiplicaban llamadas telefónicas anónimas anunciando atentados contra escuelas e instituciones sociales. Era un hecho sin precedentes en la historia del país y único en los países latinoamericanos que también regresaban a la vida democrática: por primera vez los jefes militares que habían conducido un golpe de Estado eran sometidos a juicio y ese juicio era realizado en la justicia civil. En lugar del olvido o de la venganza, el restablecimiento de la vigencia de la Constitución permitía resolver los conflictos a través de los mecanismos fijados por las leyes. 

En el mes de marzo se realizó una manifestación frente a tribunales en solidaridad con los militares, fueron no más de un centenar de personas pero daba la pauta de que un sector de la sociedad no estaba de acuerdo con el juicio. El inicio de las audiencias el 22 de abril contó con apoyo popular que se manifestó con una gran movilización en la marcha “Juicio y Castigo a los culpables”.

Ese mismo día los organismos de derechos humanos históricos, sacaban un comunicado exigiendo la liberación de los presos políticos y la localización y devolución de los “niños robados”. También denunciaba la intención de la ultraderecha de obstaculizar el juicio y obtener una amnistía aprovechando la situación económica y la debilidad institucional. También exhortaba al poder político a ocuparse de remover las bases del sistema en que se sustentó el terrorismo de estado mediante una comisión parlamentaria.

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo

Las voces de apoyo a los militares enjuiciados se hacían escuchar en distintos espacios. Arzobispos y obispos de distintas diócesis, misas celebradas por FAMUS Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión y otros actos de reivindicación calificaban el juicio como “una revancha de la subversión” y una falta de reconocimiento a quienes habían “salvado a la patria del comunismo”. Una de sus cajas de resonancia eran las misas de FAMUS en la iglesia de la calle Libertad y Juncal en la Recoleta donde podían encontrarse militares partícipes en los más diversos golpes de la historia argentina

La acusación de la Fiscalía apuntó a demostrar la culpabilidad de los acusados a partir de una serie de casos seleccionados para los que se contaba con pruebas. Pero también buscó desarmar los argumentos que habían sido la doctrina oficial durante la dictadura: los hechos juzgados no eran para la Fiscalía resultado de "errores" o de "excesos" sino la comprobación de la existencia de un "plan criminal" elaborado por los jefes militares, quienes, en consecuencia eran sus principales responsables. En un alegato que duró varios días, el fiscal Julio Strassera sostuvo que con el argumento de "combatir a la subversión" se había impuesto un verdadero "estado terrorista":

“Para calificarla me bastan tres palabras: feroz, clandestina y cobarde [...] cuando esta represión se traduce en la adopción de los métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la ética, nos encontramos en presencia de otro terrorismo, el de Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice combatir ". 

En el juicio los testimonios de los sobrevivientes tuvieron un papel central, la fiscalía tomó un conjunto de testimonios, los confrontó y, dada su consistencia, los consideró fiables para acreditar la “verdad” jurídica y lograr las acusaciones. Los acusados tuvieron derecho a ejercer su defensa y en general se orientaron a negar la competencia de la jurisdicción civil para juzgarlos y a sostener que los hechos por los que eran acusados eran "errores" cometidos durante una "guerra”, una "agresión terrorista" y que, por lo tanto, se había tratado de una "guerra sucia" sin frentes de batalla ni enfrentamientos abiertos. 

La sentencia, de más de 1600 fojas, sostuvo que aunque al asumir el poder los comandantes militares disponían de todos los recursos y las normas legales para actuar frente a la posible comisión de delitos por parte de las organizaciones políticas, establecieron “secretamente un modo criminal”, en el cual se utilizaron tormentos en los interrogatorios así como el sometimiento a condiciones inhumanas de vida mientras se mantenía clandestinamente en cautiverio a los y las detenidas. El juicio terminó el 9 de diciembre del mismo año y se convirtió en un símbolo del imperio de la democracia y permitió que la sociedad entera supiera lo ocurrido. A su vez, contribuyó a reforzar en la conciencia colectiva la valorización de los derechos humanos a partir de la experiencia vivida. 

Sala de Audiencias del Juicio a las Juntas

Los acusados que se ven en la imagen de espadas solo asistieron a las audiencias de los alegatos y de lectura de la sentencia.

El tribunal estableció condenas para J. Videla (reclusión perpetua), E. Massera (prisión perpetua), O. Agosti (4 años y 6 meses de prisión), R. Viola (17 años de prisión) y A. Lambruschini (8 años de prisión), los inhabilitó en forma perpetua para ejercer cargos públicos y los destituyó de sus grados militares. En cambio, absolvió a O. Graffigna, L. Galtieri, I. Anaya y B. Lami Dozo. También estableció condenas para los jefes de las organizaciones políticas revolucionarias.

5. Las leyes de la impunidad: leyes de punto final y obediencia debida

Ley de punto final

En diciembre de 1986 y a los pocos días de otra sentencia que condenaba al General Ramón Camps el Congreso sancionó la ley 23.492, conocida como ley de punto final, fruto de las presiones de sectores militares y de fuerzas de seguridad que estaban siendo convocados a declarar en las causas y quedaban detenidos. Hasta el momento no había habido depuración y, quienes habían actuado en la represión ilegal durante la dictadura, estaban en 1986 aún en los escalones más altos de las fuerzas.

La ley estableció un plazo máximo de sesenta días desde su promulgación —el 24 de diciembre— para imputar a los sospechosos. Tras su vencimiento, no se podrían formular nuevas acusaciones. Los días se computaban corridos, es decir, que abarcaban los feriados de Navidad y Año Nuevo y la feria judicial de enero. La norma fue aprobada pese a que una multitud de 60 mil personas rechazó su sanción frente al Congreso bajo la consigna:

“No al punto final. Juicio y castigo a todos los culpables”

Marcha contra el punto final 13 de diciembre de 1986

La ley provocó el efecto contrario al buscado, pues las organizaciones de derechos humanos y algunos funcionarios judiciales comprometidos en la lucha contra la impunidad se pusieron a trabajar a destajo en los feriados y en enero y febrero de 1987 para formalizar las imputaciones. Las cámaras federales antes de que finalice el plazo fijado por la ley lograron que unos 450 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad fueran imputados antes de que la norma empezara a cumplir su efecto.

El 15 de abril  de 1987 el mayor del Ejército Ernesto “el nabo” Barreiro debía presentarse a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba acusado de crímenes en el ámbito del III Cuerpo del Ejército, donde funcionó “La Perla”, uno de los más grandes centros clandestinos de detención. En lugar de cumplir con la orden judicial, se refugió en un regimiento militar. 

El levantamiento de Semana Santa

El 16 de abril comenzaba la Semana Santa. Al día siguiente, el viernes 17, el teniente coronel Aldo Rico al mando de unos doscientos hombres, que ante el público aparecieron con las caras pintadas de negro, se amotinó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo exigiendo a través de una breve proclama “la solución política que corresponde a un hecho como es la guerra contra la subversión” y porque “se consideran extinguidas las esperanzas de que la actual conducción de la Fuerza ponga fin a las injusticias y humillaciones que pesan sobre las Fuerzas Armadas”. Reclamaron, sin eufemismos, el fin de los juicios y amenazaron al gobierno: “Correrá por su estricta responsabilidad la escalada que se produzca y todas sus consecuencias” La reacción popular en respaldo al gobierno ante el temor de un golpe de Estado desencadenó multitudinarias concentraciones en todo el país, incluso frente a Campo de Mayo. El país estuvo en vilo, pues otras unidades militares se plegaron al alzamiento liderado por Rico.

El domingo de Pascuas, 19 de abril, Alfonsín habló ante una colmada Plaza de Mayo. Dijo que se estaba “arriesgando sangre derramada entre hermanos” y anunció que iría en persona a Campo de Mayo a exigir la rendición de los sediciosos. Pidió al público que lo esperara en la plaza y subió a un helicóptero que lo llevó a la guarnición militar. Regresó dos horas más tarde, cuando el sol caía y comunicó al pueblo:

Aquel día empezó a cobrar forma la ley de obediencia debida, norma que terminó plasmando la voluntad de llevar a juicio sólo a los máximos responsables, es decir a las cúpulas, y hacerlo rápido.

Ley de Obediencia debida

El 4 de junio de 1987, Alfonsín promulgó la ley 23.521, conocida como de obediencia debida. En su artículo 1° disponía que “se presume sin admitir prueba en contrario” que “no son punibles” por “haber obrado en virtud de obediencia debida”. Continuaba señalando que esa misma presunción se debería tener en cuenta respecto de los jefes superiores. Para ello, antes de los treinta días pasados de la promulgación de la ley debía resolverse si habían tenido capacidad decisoria o si habían participado en la elaboración de las órdenes. “En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad”, cierra el primer artículo de la ley.

De esta forma, las investigaciones judiciales siguieron sólo sobre unos pocos jefes, los más encumbrados, por ejemplo quienes cumplieron las funciones de comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. 

El juez Juan María Ramos Padilla y el fiscal bahiense Hugo Cañón fueron los únicos que cuestionaron desde el poder judicial la ley. La Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad y el caso terminó en la Corte Suprema, que revocó el fallo y validó la aplicación de la ley.

6. El gobierno de Alfonsín y la economía

Ya en el gobierno el radicalismo se enfrentó a difíciles problemas como la caída de las inversiones, el aumento de la deuda externa y una inflación creciente que llevaron a un estancamiento de la economía. Inicialmente, el gobierno buscó reactivar el mercado interno a través de un mejoramiento del salario de los y las trabajadoras, pero esta política duró poco tiempo. Una nueva devaluación del peso seguida de inflación, implicó la caída del poder adquisitivo de los salarios y una severa caída de la actividad económica en general.

El presidente Alfonsín designó un nuevo ministro de Economía, Juan V. Sourrouille y la nueva conducción económica estableció controles a los ingresos de los trabajadores pues pensaba que los aumentos salariales eran la principal causa de la inflación. En 1985 se implementó el Plan Austral que congeló algunos precios y salarios, fijó el tipo de cambio y estableció una nueva moneda: el austral reemplazó al peso. Se trataba de medidas encaminadas a la lucha contra la inflación. Sin embargo, este plan sólo la pudo controlar por algunos meses y la recesión se instaló una vez más en el país, se redujeron las inversiones y con ello disminuyó la demanda. El Plan Austral produjo una fuerte caída de los salarios mientras que aumentaron la  concentración del ingreso y la pobreza.

A su vez, el mayor problema de la economía argentina provenía de la deuda externa heredada de la dictadura. A lo largo de la década de 1980 esta deuda siguió creciendo e incluso llegó a duplicarse. Los organismos financieros internacionales (en particular el Fondo Monetario Internacional) presionaron al gobierno para que implementara políticas de ajuste, es decir, de reducción del gasto público y de aumento de los impuestos con el objetivo de que permitieran saldos positivos en los ingresos del Estado para pagar los intereses de la deuda. Esta situación hizo crisis a comienzos de 1989 cuando esos organismos decidieron no seguir respaldando al gobierno y comenzó una gran especulación financiera y cambiaria. Muchos empresarios retiraron sus capitales del país mientras el austral padecía constantes devaluaciones; la actividad económica se paralizó y la inflación creció en forma constante, sin que el gobierno pudiera controlarla. 

Se entró así en un proceso hiperinflacionario que provocó una aguda crisis social. Se sucedieron saqueos de almacenes y supermercados en Rosario, el conurbano bonaerense y otras ciudades del país. Alfonsín adelantó la entrega del gobierno a quien en mayo de 1989 había ganado las elecciones, Carlos Menem.

Los y las invitamos a ver el siguiente video: Años decisivos 1989. Canal Encuentro

7. El gobierno de Menem, la economía y la continuidad de la impunidad

Carlos Menem había realizado su campaña proselitista con un discurso fuertemente opositor a los ajustes y a los planes del gobierno radical de privatizar algunas empresas públicas. Prometía en ella que iba a realizar una “revolución productiva” y un “salariazo”, y de este modo obtuvo un gran respaldo popular y ganó las elecciones. Una vez en el gobierno, sin embargo, modificó por completo las alianzas que históricamente había tenido el peronismo y la orientación de sus políticas. Se alineó con los grupos económicos más poderosos, al punto que encargó el ministerio de Economía a hombres del grupo empresario más poderoso de entonces, Bunge y Born. Respaldado por estos grupos económicos concentrados aplicó el conjunto de ideas neoliberales que exigían los organismos internacionales pero que iban en dirección opuesta a las promesas de campaña y a la tradición histórica peronista.

Los dos primeros años de gobierno no fueron buenos:

- la inflación llegó a ser del 2.300% en 1990 y

- los salarios se redujeron un 20% más.

Con la llegada de un ex funcionario de la dictadura militar, Domingo Cavallo, al Ministerio de Economía el gobierno dio un giro decisivo en su política económica. Se sancionó la Ley de Convertibilidad que estableció una paridad fija de la moneda argentina con el dólar estadounidense y austral fue reemplazado por el peso. La inflación, que ya había sido reducida al 84% en 1991, bajó al 3,9% en 1994.

La aplicación del nuevo programa significó una reforma estructural de la economía y el Estado. Ante todo, el gobierno decidió reducir el Estado y para ello llevó adelante la privatización de las empresas públicas: así, a fines de 1990, habían sido vendidas al sector privado las empresas nacionales:

- teléfonos y Aerolíneas Argentinas;

- más tarde le siguieron los Ferrocarriles,

- la petrolera YPF,

- los canales de televisión,

- los servicios de provisión de agua, luz y gas,

- el mantenimiento de las rutas, 

- las empresas siderúrgicas y petroquímicas, entre otras.

El Estado dejó de ejercer aquellas funciones empresarias que había venido acrecentando desde 1930 y, en especial, durante los gobiernos de Perón. Con ello, cobraron mayor fuerza aún los grandes grupos económicos asociados con los bancos extranjeros que así se cobraron parte de la deuda externa. También reformó el sistema de jubilaciones que hasta entonces estaba en manos del Estado y permitió la aparición de administradoras privadas en el sistema previsional. Otra consecuencia de las políticas privatizadoras fue que provocaron el despido de miles de trabajadores de las empresas privatizadas y de miles de trabajadores del Estado, víctimas de las políticas de reducción del gasto público.

Las políticas de liberalización comercial, reducción de derechos arancelarios y libre flujo de capital financiero promovieron la inserción argentina en la economía mundial. De este modo, la industria local dejó de tener protección frente a las importaciones y, en gran parte, no pudo afrontar la competencia. 

En este contexto las políticas neoliberales en materia de acción social del Estado impusieron su rumbo, a partir de la idea de que la provisión estatal de servicios educativos o de salud era ineficiente y costosa. Las críticas se extendían a la legislación laboral que protegía a los trabajadores como las indemnizaciones por despido, la regulación de la jornada laboral, la fijación de salarios mínimos por el Estado y otras medidas. Por otro lado, la existencia de sindicatos con capacidad de presión y las negociaciones colectivas de las condiciones de trabajo también estaban en la mira de esta corriente. Es decir, se proponía anular las funciones del Estado para asegurar el bienestar social y la existencia de un marco legal de protección a los trabajadores.

Los y las invitamos a ver el siguiente video: Capítulo 23. La economía neoliberal

Un aire renovado de justicia comenzó a percibirse a fines de los ‘90. El avance y la consolidación de los juicios por la verdad y la apertura de causas en Europa. Se dieron las primeras detenciones en nuestro país por crímenes relacionados a la apropiación de niños y niñas, expresamente excluidos de la impunidad que brindaron las leyes de punto final y de obediencia debida. 

Sin embargo, hubo que esperar hasta el dictado de su nulidad en 2003 y a la declaración de inconstitucionalidad en 2005 por la Corte Suprema para acabar con el efecto de las leyes de la impunidad a través de la reapertura de las causas ya iniciadas y nuevas causas que se juzgaron a partir del año 2006.

8. El pacto de Olivos: reforma constitucional y reelección

Cuando concluía el primer mandato Carlos Menem estaba decidido a presentar nuevamente su candidatura. Pero, para ello era preciso reformar la Constitución Nacional para lo cual se requería los dos tercios de los votos. Esto no era posible sin un acuerdo con el radicalismo. Después de algunos meses de negociaciones se llegó a un acuerdo con Alfonsín, conocido como el "Pacto de Olivos", posibilitó la reforma constitucional.

Fuente Infobae: 48 fotos de la vida de Raúl Alfonsín, un emblema de la democracia argentina

Esta se realizó a través del llamado a una Convención Constituyente que se reunió en 1994.

Principales aspectos de la reforma:

El boom de consumo que logrará el Gobierno a partir de la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad (1 dólar igual 1 peso)  no hacían más que incrementar la debacle económica. Estos beneficios tangibles en la vida cotidiana especialmente en las clases medias,  se mantenían sobre una ficción basada en la sobrevaluación cambiaria, la fuga de divisas y la destrucción de la industria nacional. Dada la ventaja cambiaria, se promovían los viajes al exterior de sectores medios y el ingreso de tecnología y bienes de capital de los países desarrollados. En el período 1991-2000 la política fiscal arrojó un déficit promedio anual de 4,1% del PBI. El gasto creció, junto a una financiación del déficit en el exterior. Se adoptó una política de endeudamiento que llevó la deuda externa pública durante su gestión de 45 000 millones de dólares (en 1989) hasta 145 000 millones (en 2000). Esto sentará las bases para la posterior crisis de diciembre del 2001 durante el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa cuando decretó el “corralito” una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. 

9. A modo de síntesis

A modo de síntesis les proponemos ver los siguientes videos:

Video: Años decisivos 1983. Canal Encuentro

Los y las invitamos a ver el siguiente video que presenta una síntesis de los contenidos trabajados en este bloque. Cuenta con una introducción a cargo del historiador Gabriel Di Meglio a quien acompañan columnistas especializados que suman detalles de los acontecimientos destacados de la época. El contexto internacional es uno de ellos, otros segmentos están dedicados a caracterizar la moda, la televisión y su incidencia en la moda y la música. Finalmente, la economía cuenta con un espacio destacado.

Luego de la derrota en la guerra de las Malvinas, las tensiones al interior de las Fuerzas y la presión ejercida por la resistencia organizada del movimiento obrero a la que se sumó la exigencia de los partidos políticos, la dictadura a cargo del general Bignone llama a elecciones. Alfonsín gana en octubre de 1983 con el 52% de los votos centrando sus decisiones en la normalización institución, el restablecimiento de las garantías individuales y los derechos humanos. Alfonsín impulsó el procesamiento de los integrantes de las tres Juntas militares /1976-1983). 

Voces para una sentencia. Antes del juicio. Canal Encuentro

En este documental van a escuchar múltiples las voces, las de quienes estuvieron en los principales espacios jurídicos, políticos y periodístico durante el Juicio a las Juntas militares iniciado el 22 de abril de 1985.

Las expresiones del juez León Arslanián integrante del tribunal que las juzgó, del doctor Rafecas, testimonios de miembros del Poder Legislativo como Federico Storani, de periodistas que cubrieron el juicio, de Abuelas de Plaza de Mayo, del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel detallan lo que se vivió en toda la sociedad antes y durante ese gran acontecimiento.

A lo largo de sus casi veinte minutos, también escucharán fragmentos de los discursos del doctor Raúl Alfonsín, presidente de la Nación. En ellos deja de manifiesto su convicción de juzgar a los militares y no aceptar que sean ellos quienes se juzguen a sí mismos. 

Se destaca en el documental la labor realizada por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) presidida por Jorge Sábato e integrada por notables. La Comisión asumió la inmensa tarea de recibir denuncias y de sistematizarlas en más de 50 mil folios. El libro Nunca Más, registra el nombre de las/os detenidas/os y desaparecidas/os, reseña las torturas a las que fueron sometidas/os, e identifica los centros clandestinos de detención.  

Para finalizar este bloque y también a modo de cierre, compartimos una expresión artística y cultural que consideramos representativa de la época: La fotografía

El clima y las acciones de censura también impactaron en la prensa y en especial en la tarea de los trabajadores de la prensa. Con el inicio de la democracia en 1983 y en un clima de apertura y de libertad, las manifestaciones se multiplicaban, las calles eran una fiesta: actos políticos, artísticos, culturales, marchas en defensa de los derechos humanos, protestas sindicales y vecinales reunían a centenares de miles de personas en el espacio público y eran registradas por los fotoperiodistas. 

Muchos de esos fotógrafos habían realizado con anterioridad, en 1981, la Primera Muestra de Periodismo Gráfico, con la idea dirá Aldo Amura de “colaborar con la democratización de la Argentina, hacer una muestra con las fotos censuradas que no se publicaban en los medios”. 70 fotógrafos expusieron cerca de 200 imágenes y más de 5000 personas la visitaron. Entre los visitantes se podía encontrar a militantes de los organismos de Derechos Humanos, miembros de los dos partidos políticos mayoritarios, al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y a muchas Madres de Plaza de Mayo, entre otros.

Luego siguieron muchas muestras fotográficas para reflejar lo que el gobierno militar intentaba ocultar bajo el lema: “Lo que no se ve no existe o no pasó”.

Durante las muestras de 1984 y de 1985 se reflejó la ebullición social de esos años y las fotografías reflejaron nuevos temas. Sin embargo muchos continuaron comprometidos con registrar la situación de los derechos humanos y los reclamos de los organismos de derechos humanos como muestran las imágenes.

La imagen del centro del fotógrafo Enrique Rosito, muestra al represor Benjamín Menéndez, en la noche del 21 de agosto de 1984, saliendo de una entrevista en Canal 13 en la que había un grupo de Madres de Plaza de Mayo y unas personas esperándolo en la calle que le gritaban "¡asesino, cobarde!". Salió del auto, un Ford Falcon que lo sacaba del Canal por la calle Lima, y los encaró, cuchillo en mano. Un cuchillo reglamentario que usan las Fuerzas Armadas, su hijo y un custodio lo detuvieron.

Tras la derogación de las leyes de la impunidad en el año 2003 -dictadas en 1986 y 1987 y  los indultos presidenciales de 1989 y 1990- que permitió la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba sentenció a Menéndez a prisión perpetua por estar vinculado a más de 140 causas de desaparición forzada de personas y por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el Centro Clandestino de Detención "La Perla" en la provincia de Córdoba.

10. Bibliografía del Bloque

Este Bloque se desarrolló a partir de la siguiente bibliografía:

- BARSKY, O. y GELMAN, J. (2001). Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del XX, Buenos Aires, Mondadori, 2001

- FRADKIN, Raúl, (coord.), Historia de la Argentina. Siglos XVIII, XIX y XX, Buenos Aires Estrada, 2000.

- GALANTE, Diego. El juicio a las juntas: discursos entre lo político y lo jurídico en la transición argentina, Los Polvorines, UNGS, 2019.

- LLONTO, Pablo, El juicio que no se vio. Una mirada testimonial sobre el Juicio a las Juntas Militares, Buenos Aires Peña Lillo/Ediciones Continente, 2015.

- RAPOPORT, Mario, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires, Emecé, 2013.

11. Autoevaluación

Ahora te proponemos que realices el siguiente cuestionario para saber ¿Cuánto aprendiste?

12. ¿Nos compartís tus comentarios?