4. La desaparición forzada de personas

La palabra “desaparecido” en la Argentina se asocia directamente con la dictadura militar de 1976. Este término hace referencia a aquellas personas que fueron víctimas del dispositivo del terrorismo de Estado, que fueron secuestradas, detenidas en centros clandestinos, torturadas y, finalmente, asesinadas por razones políticas y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus deudos y, en su gran mayoría, todavía permanecen desaparecidos.

El dispositivo del terrorismo de Estado consistió en el uso de la violencia para la eliminación de los adversarios políticos y el amedrentamiento de la población en general. Esto se realizó  mediante la detención y encarcelamiento de personas por su ideología y actividad política, social o sindical, el forzamiento al exilio, prohibiciones, censura, vigilancia pero principalmente, mediante el secuestro, tortura y desaparición de miles de personas. 

Para ello creó los centros clandestinos de detención (más de 600 en todo el país) donde se realizaba el proceso de deshumanización de los detenidos. Esta metodología consistía en disociar a las personas de sus rasgos identitarios (se las encapuchaba y se les asignaba un número en lugar de su nombre); mantenerlas incomunicadas; sustraerles sus hijos o hijas y, por último, adueñarse hasta de sus propias muertes mediante la desaparición. 

Se creó primero la figura del “enemigo político” y después  la figura del “desaparecido” para borrar por completo las identidades y los proyectos políticos considerados un obstáculo para la implementar el proyecto político que encarnaba la dictadura pero también, para modificar drásticamente la estructura social. 

Durante los primeros meses de 1978, el viejo galpón construido originalmente, como estación terminal de las líneas de tranvía en el barrio de Vélez Sarfield comenzó a ser adaptado para su utilización como un centro de detención. Personal del Servicio Penitenciario Federal se encargó de construir en el que sería el centro de detención clandestino el Olimpo celdas, salas de tortura para alojar a los detenidos, y oficinas.

Foto: Ex Centro Clandestino de detención tortura y exterminio "El Olimpo" ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Vélez Sarfield.

Durante los primeros meses de 1978, el viejo galpón comenzó a ser adaptado para ser utilizado como un centro de detención. Personal del Servicio Penitenciario Federal se encargó de construir celdas para alojar a los detenidos, oficinas y salas de tortura. Actualmente gracias a organizaciones barriales y de derechos humanos, funciona un espacio para la memoria. 

Algunos secuestros se realizaban a plena luz del día para amedrentar a toda la población, otros en el medio de la noche por los denominados Grupos de Tareas al mando de fuerzas militares o policiales. Los detenidos eran muchas veces trasladados a distintos centros clandestinos de detención, hasta el “traslado” definitivo que en la jerga de los represores no era más que un eufemismo porque, en general, significaba la muerte.

Algunos detenidos fueron liberados,  otros y otras fueron “blanqueados” esto quiere decir que sus detenciones fueron legalizadas y comenzaron a ser considerados como presos “a disposición del Poder Ejecutivo” y enviados a cárcel comunes donde estaban otras y otros presos políticos. En estas cárceles “legales” también eran sometidos a torturas y todo tipo de vejámenes. 

¿A quienes consideraba  “enemigos políticos” la última dictadura militar?

De acuerdo a los datos extraídos del Nunca Más, un libro fundamental que resume la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) sobre el modus operandi de la dictadura, se pueden apreciar las edades de los desaparecidos y un perfil de sus trabajos, ocupaciones y profesiones y comprender quiénes eran considerados enemigos para la última dictadura y los sectores civiles que los apoyaban.


 El ejercicio sistemático del terror desplegó otro mecanismo siniestro: la apropiación de menores, hijos e hijas de los detenidos desaparecidos. Algunos fueron secuestrados junto a sus padres, otros nacieron durante el cautiverio de sus madres en los centros clandestinos de detención. Las detenidas embarazadas se cuentan de a cientos y se estima que alrededor de 500 niños y niñas nacieron estando sus madres detenidas en estos centros clandestinos, usaban para los partos lugares improvisados y en algunos casos eran trasladadas a hospitales militares como el de Campo de Mayo. Participaron médicos, parteras que conocían la situación de las detenidas y, en consecuencia, también formaron parte del plan sistemático de sustracción de identidad de niños y niñas.

Apenas nacían eran separados de sus madres. El destino de estos cientos de niños y niñas fue variado: fueron inscriptos como hijos por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad, abandonados en hospitales sin nombres o dados en adopción por mecanismos ilegales. Por estas razones, cada vez que se restituye la identidad a un niño o niña apropiado (hoy adulto) significa una gran conquista social sobre el “poder desaparecedor” que quiso borrar toda huella de los detenidos/as  desaparecidos/as y de los crímenes cometidos.

Los y las invitamos a ver la historia de Mariana Zafaroni y Juan Pablo Moyano, nieta y nieto restituidos.

 

Los organismos de derechos humanos estiman que en total 30.000 personas fueron detenidas y desaparecidas. Hasta la actualidad, los responsables políticos y militares de las desapariciones masivas en Argentina no han brindado información ni siquiera ante los reclamos de la justicia sobre el número, la identificación, el destino (de los cuerpos) de los desaparecidos y de los niños y niñas apropiados que las Abuelas de Plaza de Mayo aún continúan buscando.

Lean el fragmento de la entrevista concedida por Jorge R. Videla a María Seoane y Vicente Muleiro, en plena etapa de impunidad debido a la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos presidenciales que en el caso de Videla, condenado en el Juicio a las Juntas, posibilitaron su liberación.

«No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Pero, qué es lo que podemos señalar? ¿En el mar, el Río de la Plata, el riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo». 

Fragmento de la entrevista concedida por Jorge R. Videla a María Seoane y Vicente Muleiro, el 25 de agosto de 1998, en María Seoane y Vicente Muleiro, El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, Buenos Aires, De Bolsillo, 2006