Bloque 5 - La última dictadura militar
7. La apertura democrática y la búsqueda de impunidad
El 29 de abril de 1983 la Junta Militar dio a conocer un informe, denominado Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. En él, la Junta presentaba a la violencia estatal desplegada como parte de la batalla contra la “subversión y el terrorismo”. Asimismo, descalificaba las denuncias sobre desapariciones y daba por muertos a los desaparecidos. Al mismo tiempo, dejaba “a criterio de Dios” el juzgamiento sobre el accionar de las fuerzas durante este período.
Se considera que este informe fue la consecuencia de la negativa de la Multipartidaria a la condición impuesta por los militares de no revisar el pasado, para acceder a la transición democrática. Como respuesta a dicho documento los organismos de Derechos Humanos comenzaron a reclamar la conformación de una comisión bicameral al futuro gobierno y comenzaron a organizarse para recopilar información sobre las denuncias.
La autoamnistía
Los principales argumentos del Documento Final fueron utilizados por la Junta Militar para fundamentar la Ley de Pacificación Nacional (Ley N° 22.924). Recibió ese nombre porque a través de su promulgación los integrantes de la dictadura militar pretendían anular toda posibilidad de ser enjuiciados por el próximo gobierno democrático. Es decir, que intentaban dictarse una amnistía para sí mismos. Fue derogada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Una multitudinaria marcha contra esta ley tuvo lugar y en ella participaron todos los partidos políticos y las organizaciones defensoras de derechos humanos. También adhirieron algunos sectores de la iglesia católica representados por obispos progresistas, como Jaime de Nevares, Jorge Novak y Miguel Hesayne, mientras otros referentes de la iglesia católica, representados por ejemplo por Antonio Plaza, arzobispo de la ciudad de La Plata, insistían en que “la ley de Amnistía puede ser un instrumento legal evangélico y una prenda de paz”.
Los candidatos a presidente se pronunciaron de la siguiente manera mientras que el candidato del peronismo, Italo Luder, se pronunció sobre el carácter irreversible de esta norma, el candidato radical Raúl Alfonsín se pronunciaba a favor de su derogación por inconstitucional.
Madres de Plaza de Mayo reclamando contra la ley de autoamnistía. Archivo Memoria Abierta
El 30 de octubre se realizaron las elecciones y ganó la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez, de la Unión Cívica Radical.
Los organismos de derechos humanos reclamaron inmediatamente al nuevo gobierno la formación de una comisión bicameral que determinase las responsabilidades políticas del terrorismo de estado.