Bloque 6 - Retorno a la democracia

El 10 de diciembre de 1983 el presidente argentino envió al Congreso de la Nación una serie de leyes vinculadas a la protección de los derechos humanos y propuso derogar la ley de autoamnistía. El 15 de diciembre Alfonsín dio a conocer dos trascendentes decretos. En el primero ordenaba la captura y el juzgamiento de los máximos líderes de las organizaciones guerrilleras y las acciones cometidas entre 1973 y 1983 concebidas como “fruto de intereses externos al país”. En el segundo disponía el juicio sumario por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) a los integrantes de las tres primeras juntas militares desde 1976, por haber diseñado y ejecutado un plan contra la actividad “subversiva” basado en métodos ilegales y también establecía que la sentencia resultante iba a ser apelable ante la Cámara Federal de la Capital Federal. 

Con estos decretos el gobierno ofrecía a la ciudadanía una lectura política del pasado, la cual establecía un esquema binario en el que la violencia de las organizaciones revolucionarias había precedido a la violencia estatal y a la vez, suponía una sociedad al margen, ajena y víctima de estas dos violencias. Esta mirada fue objeto de variadas críticas, en particular porque sedimentó lo que se conoce como la “teoría de los dos demonios”.

Fueron justamente los organismos de derechos humanos, las asociaciones de víctimas y un pequeño espectro partidario de izquierda cercano a ellas quienes se propusieron construir un discurso de denuncia del terrorismo de estado como algo cualitativamente diferente que superaba el esquema binario de la “teoría de los dos demonios”. 

La noción de Terrorismo de Estado y de violación a los derechos humanos refiere al ejercicio criminal del poder supremo del Estado, sin estar sometido a control alguno, mediante un sistema organizado y alentado desde sus estructuras para el logro de sus fines. La estrategia represiva del terrorismo de Estado en Argentina, estuvo orientada hacia el disciplinamiento de la sociedad e implicó el desarrollo de una estrategia clandestina de represión cuya característica más emblemática fue la desaparición masiva y sistemática de personas.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)

Para investigar lo sucedido durante la dictadura el Partido Intransigente impulsó la creación de una comisión en el ámbito del Congreso. Para ello lograron el apoyo del Partido Justicialista que, tras las elecciones, anunció la creación de comisiones similares en las provincias que gobernaban. Esta iniciativa comenzó a cosechar adhesiones entre los diputados radicales con lo cual Alfonsín intervino y acelera la concreción de la propuesta de una “comisión de notables” que terminaría en la creación de la CONADEP.

El Ejecutivo buscaba evitar la reedición de ‘viejos’ enfrentamientos y tampoco quería que el Congreso cambiara el objetivo de una justicia limitada en base a los distintos grados de responsabilidad que buscaba el gobierno.

Por su parte, los organismos de derechos humanos y la oposición, pusieron el foco en documentar, registrar, demostrar, esclarecer, hacer público lo que había sucedido en relación a las violaciones a los derechos humanos en este período.

Mediante decreto se estableció la creación de la CONADEP. Fue concebida entonces como un grupo de ciudadanos considerados notables e incuestionables desde el punto de vista de su conducta ética. Presidida por el escritor Ernesto Sábato,  debía encargarse de recibir denuncias y pruebas, averiguar sobre el destino o paradero de las personas desaparecidas y toda circunstancia sobre su localización, ubicar a los niños y niñas sustraídos de sus padres, así como denunciar todo intento de ocultamiento, destrucción o sustracción de pruebas. Los resultados del trabajo de la CONADEP debían entregarse a través de un informe a los 180 días y elevarse las denuncias a la Justicia.

En este enlace podrás conocer más acerca de la CONADEP te invitamos a leerlo.