Bloque 6 - Retorno a la democracia

El informe de la CONADEP sirvió de base al juicio que llevó ante la Cámara Federal de la Capital a los miembros de las juntas militares. Comenzó el 22 de abril de 1985 en un clima de tensión y expectativas: mientras una gran manifestación popular recorría las calles céntricas, se multiplicaban llamadas telefónicas anónimas anunciando atentados contra escuelas e instituciones sociales. Era un hecho sin precedentes en la historia del país y único en los países latinoamericanos que también regresaban a la vida democrática: por primera vez los jefes militares que habían conducido un golpe de Estado eran sometidos a juicio y ese juicio era realizado en la justicia civil. En lugar del olvido o de la venganza, el restablecimiento de la vigencia de la Constitución permitía resolver los conflictos a través de los mecanismos fijados por las leyes. 

En el mes de marzo se realizó una manifestación frente a tribunales en solidaridad con los militares, fueron no más de un centenar de personas pero daba la pauta de que un sector de la sociedad no estaba de acuerdo con el juicio. El inicio de las audiencias el 22 de abril contó con apoyo popular que se manifestó con una gran movilización en la marcha “Juicio y Castigo a los culpables”.

Ese mismo día los organismos de derechos humanos históricos, sacaban un comunicado exigiendo la liberación de los presos políticos y la localización y devolución de los “niños robados”. También denunciaba la intención de la ultraderecha de obstaculizar el juicio y obtener una amnistía aprovechando la situación económica y la debilidad institucional. También exhortaba al poder político a ocuparse de remover las bases del sistema en que se sustentó el terrorismo de estado mediante una comisión parlamentaria.

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo

Las voces de apoyo a los militares enjuiciados se hacían escuchar en distintos espacios. Arzobispos y obispos de distintas diócesis, misas celebradas por FAMUS Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión y otros actos de reivindicación calificaban el juicio como “una revancha de la subversión” y una falta de reconocimiento a quienes habían “salvado a la patria del comunismo”. Una de sus cajas de resonancia eran las misas de FAMUS en la iglesia de la calle Libertad y Juncal en la Recoleta donde podían encontrarse militares partícipes en los más diversos golpes de la historia argentina

La acusación de la Fiscalía apuntó a demostrar la culpabilidad de los acusados a partir de una serie de casos seleccionados para los que se contaba con pruebas. Pero también buscó desarmar los argumentos que habían sido la doctrina oficial durante la dictadura: los hechos juzgados no eran para la Fiscalía resultado de "errores" o de "excesos" sino la comprobación de la existencia de un "plan criminal" elaborado por los jefes militares, quienes, en consecuencia eran sus principales responsables. En un alegato que duró varios días, el fiscal Julio Strassera sostuvo que con el argumento de "combatir a la subversión" se había impuesto un verdadero "estado terrorista":

“Para calificarla me bastan tres palabras: feroz, clandestina y cobarde [...] cuando esta represión se traduce en la adopción de los métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la ética, nos encontramos en presencia de otro terrorismo, el de Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice combatir ". 

En el juicio los testimonios de los sobrevivientes tuvieron un papel central, la fiscalía tomó un conjunto de testimonios, los confrontó y, dada su consistencia, los consideró fiables para acreditar la “verdad” jurídica y lograr las acusaciones. Los acusados tuvieron derecho a ejercer su defensa y en general se orientaron a negar la competencia de la jurisdicción civil para juzgarlos y a sostener que los hechos por los que eran acusados eran "errores" cometidos durante una "guerra”, una "agresión terrorista" y que, por lo tanto, se había tratado de una "guerra sucia" sin frentes de batalla ni enfrentamientos abiertos. 

La sentencia, de más de 1600 fojas, sostuvo que aunque al asumir el poder los comandantes militares disponían de todos los recursos y las normas legales para actuar frente a la posible comisión de delitos por parte de las organizaciones políticas, establecieron “secretamente un modo criminal”, en el cual se utilizaron tormentos en los interrogatorios así como el sometimiento a condiciones inhumanas de vida mientras se mantenía clandestinamente en cautiverio a los y las detenidas. El juicio terminó el 9 de diciembre del mismo año y se convirtió en un símbolo del imperio de la democracia y permitió que la sociedad entera supiera lo ocurrido. A su vez, contribuyó a reforzar en la conciencia colectiva la valorización de los derechos humanos a partir de la experiencia vivida. 

Sala de Audiencias del Juicio a las Juntas

Los acusados que se ven en la imagen de espadas solo asistieron a las audiencias de los alegatos y de lectura de la sentencia.

El tribunal estableció condenas para J. Videla (reclusión perpetua), E. Massera (prisión perpetua), O. Agosti (4 años y 6 meses de prisión), R. Viola (17 años de prisión) y A. Lambruschini (8 años de prisión), los inhabilitó en forma perpetua para ejercer cargos públicos y los destituyó de sus grados militares. En cambio, absolvió a O. Graffigna, L. Galtieri, I. Anaya y B. Lami Dozo. También estableció condenas para los jefes de las organizaciones políticas revolucionarias.